Una colaboración necesaria para la sostenibilidad
La colaboración público-privada en sanidad, igual que en otros servicios fundamentales como la educación, es clave para la sostenibilidad del sistema. La sanidad privada supone un 2,6% del PIB del país, más de 32.000 millones de euros, y genera casi 279.000 empleos. Además, libera recursos del sistema público, dando cobertura al 19,6% de la población, unos 9,2 millones de personas. Y mejora el acceso a la asistencia sanitaria, ya que provee el 56% de los hospitales que hay en España –441 de un total de 784– y el 32% de las camas hospitalarias.
Los ejemplos de colaboración público-privada en diferentes ámbitos comparten una serie de ventajas: optimizan la eficiencia financiera del esfuerzo económico de las administraciones, movilizan de manera coordinada y subsidiaria todos los recursos disponibles; y cuentan con la confianza de los ciudadanos que, cuando pueden elegir, no dudan en ejercer su libertad de opción. Cabe destacar que durante la pandemia de Covid-19 los centros privados trabajaron codo con codo con el sistema público. Solo Assistència Sanitaria realizó más de 40.000 pruebas, entre PCR y tests de antígenos, sin contar los que se hicieron en el Hospital de Barcelona durante 2020.
Y ASISA, a nivel nacional, atendió a más de 100.000 pacientes por Covid-19 en su red asistencial desde el inicio de la pandemia, muchos de ellos derivados por la sanidad pública, y gestionó el ingreso hospitalario de más de 6.500 asegurados, tanto en centros propios como concertados. El Grupo HLA ha invertido más de 15 millones de euros para reorganizar los centros, ampliar las unidades de cuidados intensivos y camas de hospital, y reforzar la plantilla. También ha prestado asistencia domiciliaria por Covid-19 a más de 65.000 asegurados.
Otro ejemplo de colaboración público-privada es la renovación en septiembre de la confianza del Gobierno español en las mutuas para dar cobertura sanitaria a los funcionarios con un nuevo concierto para el periodo 2022-2024. Lo hizo pocos días después de que Unidas Podemos registrara una proposición no de ley en el Congreso para integrar a los nuevos mutualistas en la sanidad pública y eliminar, de forma progresiva, el sistema de Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que en 2020 dio asistencia a 1,5 millones de funcionarios públicos.
El nuevo concierto, cuyo importe alcanzará los 3.571 millones de euros, supone una prima de incremento del 8% para el próximo año, el 8,75% para el siguiente y el 10% para 2024. El objetivo es garantizar la asistencia a los funcionarios y cubrir las nuevas incorporaciones fruto de las últimas ofertas de empleo público que se aprobaron el pasado mayo, un total de 10.254 plazas en la Administración General del Estado que se harán efectivas tras los exámenes de noviembre.
Datos
3.000 millones de euros. El sistema público debería gastarse esta cifra para poder atender a los casi 1,8 millones de mutualistas.
720 y 800 millones de euros de ahorro al año gracias al mutualismo administrativo.
917 euros fue la prima en las mutualidades en 2020, por los 1.368 euros de gasto sanitario medio por persona en el sistema público.
9,2 millones de personas son atendidas por la sanidad privada.
A raíz de la publicación el pasado mes de julio de informaciones acerca del plan de acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la era post-Covid-19, elaborado por 20 expertos, y en el que se proponía como una de las medidas suprimir las mutualidades, el Gobierno ya reaccionó asegurando que el modelo sanitario contaba con Muface en el futuro. También lo hizo en febrero, cuando la formación morada apuntó su “apuesta por fortalecer el sistema público de sanidad y prescindir de las mutualidades que generan una clara desigualdad entre la población”.
Ante la polémica suscitada, la patronal de la sanidad privada, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), publicó el documento “Impacto del cambio de modelo de las mutualidades”, en el que apuntaba un dato económico incontestable: “El mutualismo administrativo ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año”, ya que “la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos”. Del mismo texto se desprende que suprimir el modelo “costaría unos 3.000 millones de euros al sistema público para poder atender a los casi 1,8 millones de mutualistas que existen en la actualidad”, entre Muface, Mugeju e Isfas, frente a los 2.230 actuales.
Además, se perderían casi 1,5 millones de pólizas, el 16% de la actividad de las aseguradoras. La falta de mutualistas en algunas zonas haría disminuir el número de asegurados, lo que supondría el cierre de una treintena de centros asistenciales privados.
Dicho cierre provocaría una pérdida de 39.000 puestos de trabajo, un aumento del 15% de la ocupación hospitalaria pública que pasaría a ser del 98%, y un incremento de las listas de espera de entre 28 y 30 días para la actividad quirúrgica y de unos 34 días en la actividad de consultas externas.
